Hace tiempo se viene trabajando sobre una iniciativa legislativa que tiene como fin prohibir en el ejido de la Ciudad de Eldorado la conducción de cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre, comúnmente conocido como “Alcohol Cero”.
Dicha iniciativa requería una derogación parcial de la Ley Nacional de Tránsito a la cual estamos adheridos, y la creación de un régimen sancionatorio para el caso concreto.
En las últimas semanas del año 2022 se abordó el tratamiento de dicho proyecto, donde tuvieron lugar varias reuniones entre los concejales, asistidos por el asesor jurídico del concejo y departamento ejecutivo, miembros del juzgado de faltas, dirección de tránsito, ministerio de salud de la provincia y asociaciones de familiares víctimas de accidentes de tránsito. En aquel momento la discusión paso por dos cuestiones, la primera respecto a la dificultad de medir con precisión a través del mecanismo utilizado (alcoholímetro) el grado de alcohol en sangre, debido al margen de error que poseen esos aparatos, por lo cual el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que calibra y homologa esos artefactos determinó que el error máximo permitido es de 0,041 g/l sangre, y que «no es aconsejable» establecer como límite legal el cero”.
Cualquiera de estos aparatos toma y analiza el aire espirado del conductor, pero para que sea 100% efectiva una prueba de alcoholemia, debiera realizarse un control de extracción de sangre, entonces con los alcoholímetros el nivel de alcohol en aire espirado representa una «equivalencia» sobre tal o cual cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre tiene una persona que se somete a la prueba. «Por eso, el INTI dice que no se puede asegurar la certeza de una medición cero en un test».
La otra cuestión abordada refería a las deficiencias jurídicas del proyecto, las que fueron resaltadas por los asesores jurídicos y miembros del juzgado de faltas, no obstante el concejo deliberante en la última sesión de año 2022 aprobó por unanimidad el proyecto sin que sobre el mismo se efectuaran las correcciones pertinentes.
Es que el concejo deliberante de nuestra ciudad viene siendo el reflejo de la deficiente labor con la que nuestras instituciones públicas se desempeñan, ejemplos sobran para demostrar nuestra afirmación.
El poder legislativo municipal, órgano encargado de la sanción de normas jurídicas que rigen en la ciudad no logra la correcta formulación de un proyecto, ésa es la consecuencia de la deficiente labor parlamentaria del que alguna vez fuera el Honorable Concejo Deliberante.
La sanción de normas que traen consigo defectos de naturaleza jurídica hace que sea imposible su implementación, por no poder proceder a su reglamentación y posterior aplicación por parte del órgano administrativo o judicial competente. En otras palabras, en vez de brindar una solución, crean un inconveniente para sí y para los demás poderes del estado municipal. Y esto es así porque la incoherencia legislativa impide la correcta aplicación legal.
En el caso que nos ocupa el propio asesor jurídico del concejo, en las reuniones mantenidas previo a la sanción, desaconsejó la sanción de la ordenanza en los términos formulados, también el juzgado de faltas lo hizo, quien además indico los errores, omisiones e incoherencias normativas que contenía el defectuoso proyecto. Pero los concejales hicieron caso omiso a las consideraciones y sugerencias de los técnicos en cuestión, al parecer es más importante ir en búsqueda del rédito electoral o la satisfacción del mezquino interés político de algunos, que la correcta sanción de una norma que sin dudas tiene por objetivo el supremo interés colectivo y la necesaria prevención de siniestros viales.
No hay duda alguna que la intención de los concejales es buena, tampoco hay duda que la labor parlamentaria es pésima. Una norma jurídica atraviesa antes de su sanción todo un procedimiento, los hace a través de sucesivas instancias de discusión y análisis, tanto técnico como político. La cuestión técnica es de vital importancia, porque se trata de una cuestión exclusivamente regida por las ciencias jurídicas, no puede soslayarse las demás normas que forman parte del ordenamiento jurídico, como lo hizo el concejo sin considerar la adhesión a la ley nacional de tránsito, omitiendo la derogación de los preceptos jurídicos que entre si se ven contrariados, remitiendo a su vez a un régimen disciplinario que no contempla sanción para el supuesto de hecho consagrado en la fallida y defectuosa ordenanza.
Bien vetada estuvo la ordenanza por parte del ejecutivo municipal, considerando la antinormativa propuesta legislativa que los concejales mal sancionaron, y que tuvieron la oportunidad de corregir pero no lo hicieron, advertidos por los técnicos y órganos de implementación. Vaya a saber el motivo que los llevó prematuramente a sancionar la ordenanza, me pregunto ¿había tanta prisa en hacerlo? ¿Cuesta tanto hacer bien las cosas?, deberían los concejales y sus colaboradores escuchar más la opinión de aquellos que saben de la materia y sobre todo hacer lugar a las sugerencias realizadas, porque aquí no se trata de satisfacer un interés meramente electoral sino de brindar al vecino una solución a sus problemas, sin fracasar en el intento.
Llegaron al extremo de que el departamento ejecutivo a través de su asesor jurídico tenga que consagrar de manera pormenorizada los errores y sugerir el veto, ello para evitar la promulgación y vigencia de la ordenanza en cuestión, proponiendo un texto alternativo para su sanción, evitando que se intente trabajar sobre un texto que desde su génesis estuvo mal formulado. Debe quedar bien en claro que hubo un grosero error en la sanción y que los culpables son los concejales, todos ellos porque el proyecto fue sancionado por unanimidad, los vicios que adolece la norma estuvieron advertidos y fueron ignorados, hicieron mal su trabajo que consiste en la formulación de proyectos de ordenanza para su posterior sanción.
No intenten exonerarse de responsabilidad como lo hizo a través de un video un edil diciendo que “el ejecutivo rechazó la ordenanza y que la seguridad vial sigue siendo una deuda pendiente”. Háganse cargo de sus errores y realicen su trabajo de la mejor forma, no intenten responsabilizar a otros y hacer leña del árbol caído, trabajar en el abordaje eficiente de los proyectos sin importar las presiones externas o el tiempo que lleven es fundamental para mejorar nuestra calidad institucional.-
D.C