El Juzgado de Familia de Eldorado restituyó a la joven mbya Fátima González la tenencia de su bebé

Ante el planteo de nulidad del acta en el que se dispuso la entrega del niño mbya a su abuela paterna, el juez resolvió convocar a una nueva audiencia que se realizó el martes último. En la misma, Fátima González pudo recuperar a su hijo y se acordó un régimen compartido de tenencia. Esta vez estuvieron garantizados los derechos de la joven a un intérprete intercultural. Estuvo asistida por defensores y se pudo aportar una mirada interdisciplinaria para la resolución de un conflicto que atentó contra derechos del niño y de su madre.
A la audiencia convocada para el 2 de junio el juez Juan José Palacio requirió la presencia del mburuvichá de la Tekoa Ysyry, en la cual reside Fátima González, Sr. Dalmacio Ramos; de la Promotora Sanitaria de la comunidad, Susana Benítez; de la antropóloga Ana María Gorosito Kramer como perito, y de la Sra. María Villalba, actual guardadora, y del Sr. José María Aguiar, padre del hijo de Fátima González. Asimismo requirió informes de la Dirección de Acción Social de Mado Delicia, de la Dirección de Asuntos Guaraníes y de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
Las múltiples voces que se expresaron en la audiencia aportaron a la sustanciación de un acuerdo que permitió que Fátima pudiera volver a la comunidad con su hijo, retomando así una etapa de revinculación del niño con su madre en el ámbito de su comunidad, Tekoa Ysyry, y de la cultura a la que ambos pertenecen. El acuerdo prevé un régimen de tenencia compartida, al que pudo llegarse a través del diálogo entre las partes, cuyo objetivo principal – según planteó el juez- es garantizar el bienestar del niño.
Desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, ámbito desde el cual se ejerció la defensa de Fátima González, ponderaron el camino del diálogo intercultural y la necesidad de que las instituciones del Estado generen los ámbitos de consulta y escucha que sean pertinentes para abordar casos que impliquen a miembros del Pueblos Originarios a los fines de preservar sus derechos culturales. “El diálogo es la forma de resolución de conflictos, es la vía privilegiada por los miembros del pueblo guaraní”, destacó el Dr. José Luis Fuentes, parte del equipo de defensa de Fátima.
“El Juzgado debió abrir la mirada a la interculturalidad que atraviesa el caso y nuestro Equipo puso a su disposición el conocimiento interdisciplinario que debe requerirse cada vez que se comprometan derechos indígenas”, agregó la Dra. Roxana Rivas, otra de las abogadas del Equipo.
“En una provincia como la nuestra, la obligación del Estado y en este caso del Poder Judicial es incorporar la perspectiva indígena en todas las decisiones que se tome y estén afectados derechos de los integrantes de las comunidades originarias. Si la perspectiva y el derecho vigente indígena hubieran sido considerados desde el primer momento, todo el daño se hubiera evitado. Es necesario y sostenemos que es obligación de todos los operadores judiciales, incorporar y capacitarse en derecho indígena. No puede depender de terceros o de la suerte de estos pueblos, el acceder a una defensa técnica interdisciplinaria para que sus derechos sean garantizados, debe ser lo natural y lo normal en las prácticas judiciales, cuando convivimos con la Nación Guaraní en nuestra provincia”. – advirtieron desde el espacio de derechos humanos.
Por su, parte, la antropóloga Ana María Gorosito Kramer destacó: “Una vez más, estos lamentables conflictos se producen ante la ausencia total del organismo específico que debería haber intervenido en cada caso. La Dirección de Asuntos Guaraníes, cuyo informe fuera requerido oportunamente por Su Señoría ya desde el momento de la primera audiencia en el mes de noviembre, no ha contestado ni se ha hecho presente de alguna manera. A la extrema vulnerabilidad de los miembros del Pueblo Guaraní, agravada en este caso por la situación de niñez y género, se suma la repetida y alarmante inacción el Poder Ejecutivo de Misiones, con una dependencia cuya existencia absorbe parte del presupuesto provincial anual pero que, en los hechos, tiene una existencia meramente ornamental y simbólica.” Foto Ilustrativa