Eldorado y su crisis institucional

La Ciudad de Eldorado se encuentra inmersa en una crisis institucional marcada por los continuos sucesos irregulares que determinaron su sombrío presente.
El descredito de sus instituciones es proporcional al desempeño desplegado por sus autoridades políticas, y es entendible que así sea, ya que venimos de 20 años donde una sola persona dirigió los destinos de la ciudad, nada mas antirrepublicano que la falta de periodicidad en los cargos públicos, lo que naturalmente provoca irregularidades en la gestión de la cosa pública.

Pero es el poder legislativo municipal, el que se ha encargado de acentuar la crisis institucional actual. El episodio ocurrido el pasado martes 12 de enero en una sesión extraordinaria donde se pasaron a planta permanente a dos secretarios de bloque, algo expresamente prohibido por la carta orgánica, marcó el hecho de mayor gravedad, quizás de la historia de lo que alguna vez fue el “Honorable” Concejo Deliberante de Eldorado.

La manifiesta y grosera violación a la Carta Orgánica Municipal por parte de seis, de los siete miembros que posee el cuerpo puso en el ojo de la tormenta la crítica situación en que se encuentra el órgano encargado de la sanción de las normas jurídicas que rigen en nuestra ciudad. Ni se imaginan el enorme daño institucional que provocaron, sobre todo al prestigio y credibilidad que debe ostentar el Concejo. Se entiende ahora porque los convencionales constituyentes debatieron sobre el término “Honorable” que estuvo presente en la denominación oficial del Concejo Deliberante hasta el año 2018, momento en que los convencionales decidieron quitar el mencionado vocablo, tal vez como una premonición de lo venidero.

Es básico en toda formación ciudadana, saber que el cumplimiento de las ordenanzas es imperativo, y que ante un incumplimiento la norma jurídica establece una sanción, la cual debe aplicarse al infractor, ello en una situación de igualdad ante la ley.
Con lo cual cabe preguntarse: ¿Con que autoridad el Concejo Deliberante puede exigir a sus ciudadanos el cumplimiento de las Ordenanzas sancionadas?, si ellos mismos las incumplen. Asimismo ¿con qué autoridad se le impondrá una sanción o multa al ciudadano que incumpla con las Ordenanzas?, Si el grosero incumplimiento de la carta orgánica por parte de la casi totalidad de los ediles permanece impune.

Recordemos que la labor del concejo deliberante se agota con la sanción de la ordenanza, la cual una vez remitida al Departamento Ejecutivo para su promulgación, ya no es posible su reconsideración por parte del concejo, cuestión que quedó evidenciada con el veto del Intendente, quien se vio obligado a evitar la publicidad y vigencia de una ordenanza parcialmente antinormativa.

El mensaje subliminal que dieron nuestros concejales al pueblo es verdaderamente vergonzoso, así como paupérrimo. Han demostrado que el incumplimiento de una norma, no trae aparejada sanción alguna, sino la impunidad. También han demostrado que existen distintas categorías de ciudadanos, los de primera categoría que pueden infringir mandatos legales sin consecuencias, y los de segunda categoría (Ciudadanos en general) que ante un incumplimiento reciben como consecuencia una sanción. Además de demostrar que ni siquiera quienes sancionaron la carta orgánica y que actualmente sancionan las ordenanzas cumplen con ellas, como si estuvieran excluidos de la aplicación de la normativa, vale traer a colación la célebre frase del filósofo y jurista francés Montesquieu, quien dijo: «La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie».

Lo grave no es solo el incumplimiento y la posterior impunidad, sino que son seis, de siete concejales los que lo hicieron, es decir una mayoría arrolladora. Más grave aún es que dos de esos concejales (Lorena Cardozo y Águeda Saenger) fueron a su vez convencionales constituyentes, es decir quienes elaboraron la Carta Orgánica vigente. También dentro de esos concejales existen dos (Lorena Cardozo y Héctor Falsone) que son abogados de profesión. Párrafo aparte merece la edil Lorena Cardozo, quien se encuentra en la peor situación posible, ya que reúne varias calidades: es Abogada, ex letrada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, ex convencional constituyente y actual concejal, con lo cual haber consentido dicho acto votando por la afirmativa representa un escándalo; al parecer poco aprendió con su paso por los distintos estamentos municipales.

Deberían los Concejales, si algo de decencia y honor les queda, poner de inmediato a disposición su renuncia, máxime en el caso de los ediles Cardozo y Saenger, por ser Ex Convencionales, y en caso de no hacerlo deberá el ciudadano hacer uso de la Revocatoria de Mandato consagrada en la Carta Orgánica, para apartar del cargo a quienes no merecen permanecer ni un minuto más en ejercicio de sus funciones.

No podemos como ciudadanos permitir este atropello a las instituciones, debemos exigir mayor transparencia y honorabilidad en el desempeño de la función pública, ya que si este hecho permanece impune, ¿que más nos queda como sociedad? , puesto que una sociedad que no cumple sus leyes, no se respeta a sí misma, y en este punto son los Concejalas quienes tienen el deber de ser los primeros en lograr ese objetivo, al respecto del filósofo griego Platón decía: “El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos.
D.C. (columnista de E24N)