El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, utilizó a los empresarios de la madera del norte de Misiones para ejemplificar los beneficios que, según el Gobierno nacional, traería la reforma de la ley de cabotaje y la desregulación del transporte fluvial en Argentina.
Durante una extensa entrevista concedida a Radio Mitre de Buenos Aires, el funcionario sostuvo que la reactivación del puerto de Eldorado permitiría reducir en un 15 por ciento los costos logísticos de los exportadores de la forestoindustria de la región.
Sturzenegger explicó que el actual esquema regulatorio encarece significativamente el transporte fluvial y marítimo, y aseguró que la nueva normativa buscará “sacar esa estructura que básicamente hace tan cara, onerosa y difícil la navegación en Argentina”.
Para ilustrar el impacto de la medida, mencionó el caso de un productor forestal de Eldorado. “Para llenar un barco de madera necesita 300 camiones. Tiene que subir esos 300 camiones y mandarlos mil kilómetros, quemando gasoil, hasta Zárate”, señaló el ministro.
Según indicó, si las cargas pudieran salir directamente desde el puerto de Eldorado, el ahorro logístico sería considerable. “Hacen 10 kilómetros hasta el puerto de Eldorado, los cargan todos en un barco y ya están allá en China”, afirmó.
Entre los principales cambios que impulsa el Gobierno nacional se encuentra la habilitación para que embarcaciones de bandera extranjera puedan operar cabotaje en Argentina mediante matrículas nacionales, además de una flexibilización en la composición de las tripulaciones y los requisitos de bandera.
La iniciativa también contempla la implementación de “banderas de conveniencia”, que permitirían a los armadores argentinos utilizar registros extranjeros temporales para reducir costos operativos. Según Sturzenegger, los costos de flete en Argentina actualmente “triplican o cuadruplican” a los de países vecinos.
Además, la reforma eliminaría la exigencia de aval sindical para definir las tripulaciones y declararía a la navegación como un servicio esencial, estableciendo prestaciones mínimas obligatorias durante medidas de fuerza.