El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a la autocracia como la “forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema Ley”, es decir un sistema de gobierno que centra el poder y la toma de decisiones en una sola figura. Eso parecería suceder en el concejo deliberante de la ciudad de Eldorado, un órgano colegiado compuesto por siete miembros, donde seis de ellos parecieran fieles discípulos de quien los preside, a juzgar por su apatía y falta de intervención en las decisiones del cuerpo.
Los conflictos y escándalos sucedidos en los últimos tiempos en torno al poder legislativo municipal se volvieron una práctica corriente, siempre con un denominador y detonante común: Las decisiones unilaterales e inconsultas de su tristemente célebre presidente. En esta ocasión los problemas surgieron luego de que el presidente del concejo disponga que la oficina de Defensa del Consumidor deje de realizar trámites administrativos y pase únicamente a brindar asesoramiento a los usuarios y consumidores respecto de cómo realizar los trámites y denuncias, las que a partir ese momento deberían radicarse en las oficina de la ciudad de Posadas.
El motivo que llevó a adoptar esa decisión fue el costo que significa el funcionamiento de la oficina, el cual es soportado exclusivamente con recursos del concejo deliberante, lo que provocó la reacción de distintos sectores afectados, entre ellos la Asociación de Abogados del Alto Paraná, quien manifestó que la situación originaría “un grave perjuicio, en primer lugar a los consumidores y a los abogados que allí tramitan los mandatos de sus clientes”.
Quien también salió a repudiar la decisión fue el Dr. Alejandro Garzón Maceda, director de Comercio Interior de la provincia, que sostuvo: “Eldorado no tiene más un lugar donde hacer denuncias, por decisión del presidente del Concejo Deliberante. Es una decisión política”, además agregó: “la oficina no es un gasto, sino una inversión en garantizar el derecho que tienen los consumidores. Los llamados gastos de las oficinas de la provincia van a Rentas Generales, son soportadas por el presupuesto de la provincia”.
Luego de semejante alboroto, se estableció una línea de diálogo entre el presidente del concejo y el director de Comercio Interior de la provincia, donde se decidió que la oficina continúe funcionando hasta tanto se realice un nuevo convenio donde parte de los recursos destinados a la oficina sean aportados por la provincia.
Lo cierto es que el fondo de la cuestión es otra. Se acerca el 10 de diciembre, momento en el cual tres de los actuales ediles cesan en sus funciones, entre ellos el presidente del cuerpo, quien antes de finalizar su mandato pretende modificar el reglamento interno e incorporar nuevas áreas y dependencias administrativas para designar a sus militantes políticos a cargo de dichos lugares, para ello tendría preparado un nuevo organigrama a ser aprobado en los próximos días.
En realidad poco interesa cuidar los recursos del concejo, ya que en plena campaña electoral donde el presidente intentó reelegirse, desde la presidencia se efectuaron gran cantidad de contrataciones de personal por cuestiones netamente electorales, además en los próximos días se tratará en el recinto la adecuación de partidas presupuestarias del concejo, las cuales se triplicarían con respecto al año pasado.
Pero como si todo esto fuese poco los concejales en un nuevo intento de pasar a planta permanente a personal político y afectado al bloque, estarían desplegando un ardid técnico consistente en cambiar de categoría y de cargo a personal de bloque, y de esa manera no ser alcanzado por la prohibición de los artículos 99 y 100 de la carta orgánica municipal. Un ejemplo de ello sería el caso de un secretario de bloque, que con la intención de evadir la prohibición, pasaría a ser contratado por el concejo. Pero lo que no advierten es que a pesar de cambiar la naturaleza del vínculo contractual, necesitan alcanzar la antigüedad que por estatuto se exige para adquirir estabilidad, y los más importante de todo es que ese personal no preste servicio en el bloque o este afectado al mismo, ya que si lo hace sería alcanzado por la prohibición e incurrían una vez más en la violación de la carta orgánica.
No podemos permitir que sucesos irregulares se vuelvan a repetir, de la mano de políticos que adoptan decisiones trascendentes sin siquiera consultar con sus pares e implicados, y a pocas semanas de finalizar sus mandatos. Políticos deslegitimados electoralmente, que deberían preparar la transición a los nuevos miembros, para que sean éstos quienes resuelvan las cuestiones de agenda pendientes.
Una vez más el concejo deliberante en el ojo de la tormenta, con prácticas irregulares y reñidas con el ordenamiento jurídico municipal, concejales intentando evadir normas jurídicas que tendrían que ser los primeros en respetar. Solo resta esperar el recambio que se aproxima y que la nueva composición del concejo tenga mayor compromiso político y social, pero sobre todo institucional, puesto que son los encargados de cambiar el rumbo de una institución inmersa en una crisis sin precedentes a nivel municipal.
D.C
