Los radares fijos como sucede con los colocados en los semáforos o los móviles, como ocurren en las rutas nacionales, fueron instalados en Misiones -como sucede en otras provincias- para registrar supuestos excesos de velocidad y, en consecuencia, labrar las fotomultas.
Siempre se planteó que los cinemómetros se utilizaban para hacer prevención vial. Sin embargo, el lugar de localización, muchas veces, induce a las infracciones y no apunta a evitar tragedias. Esto hace que algunos conductores, en especial en las rutas de la provincia, deban reducir de manera brusca la velocidad. Ello independientemente de quienes de verdad se exceden en la velocidad, que tampoco luego son detenidos en otros controles, tal como exige la norma para todo aquel que supere la velocidad permitida.
La ley está creada para que sea “un sistema de prevención y no un sistema recaudatorio”, expuso el abogado Juan Manuel Fouce, que además es presidente del Colegio de Abogados de Misiones.
Los planteos judiciales son como consecuencia de que, en algunos casos, no se respeta el derecho de defensa y el debido proceso.
Se cuestiona la existencia de arbitrariedades, como cuestionan los conductores al enfrentarse con procedimientos administrativos que chocan o son ajenos al derecho de defensa previsto en la legislación nacional de tránsito y provincial.
Las personas toman conocimiento de una infracción por estar dentro del Sistema Nacional de Administración de Infracciones, pero nunca fueron notificadas de ellas. En el registro de infracciones, incluso pueden estar registradas multas de otras provincias.
En consecuencia, algunos conductores no pudieron ejercer el derecho de defensa o de prórroga de jurisdicción. “Por ello, se dan curso a todos los amparos o presentaciones realizadas”, añadió Fouce.
Lo que explican muchos conductores multados es que terminan abonando la multa ante la urgencia de renovar la licencia de conducir o porque requiere concretar la venta de vehículo.
“Los recursos frente a estas infracciones llevan su tiempo y el infractor no puede estar sin carnet por tanto tiempo”, reflexionó el titular del Colegio de Abogados de Misiones.
De esta manera, explicó este profesional, lo que la gente hace es ante la exigencia impuesta por el Estado “abonar la multa” mediante un sistema de cobro interjurisdiccional y con ello, termina reconociendo ser autor de la infracción, que hasta ese momento desconocía.
En otros términos, se termina -en muchos casos- condenando a un infractor, sin darle en forma previa el derecho a defensa y termina pagando una multa sobre la que nunca fue notificado, sea porque se cambió de domicilio o no se le ha remitido la notificación que requiere la ley.
Si la multa tiene una resolución firme, entiende el titular del Colegio de Abogados, a la que se ha arribado mediante una correcta notificación y la persona a quien se le reprocha una conducta ha dejado de ser presunto infractor, recién ahí debería estar dentro de un Sistema Nacional de Administración de Infracciones, como ocurre en otros países, de lo contrario se viola el debido proceso.
Añade que no se debe sancionar a una persona mediante una presunción en razón de ser titular de un vehículo, derivada de una fotomulta, sin que esta persona ejerza su derecho de defensa.
De lo contrario, añade el profesional, la propia administración espera que transcurra el tiempo hasta que el presunto infractor renueve su carnet o cambie su vehículo.
La que regula el procedimiento de infracciones provinciales es la ley provincial XVIII Nº 40, que en cierta forma deja planteado que la ley no permite recursos en vía administrativa, es decir con la resolución de la Dirección de Monitoreo Vial queda agotada la vía y al afectado eventualmente si quiere recurrir, solo le queda la vía judicial.