El 28 de junio a las 14 hs se reunió la Asamblea de Organizaciones de Productores con el objetivo de definir los próximos pasos ante la ley que prohíbe el uso del glifosato en la provincia de Misiones a partir de junio de 2025. Esta ley también prohíbe el uso de agroquímicos de banda amarilla, como ciertos insecticidas.
La ley, aprobada hace poco más de un año, fue sancionada con escasa discusión y sin la participación de la comunidad científica, incluyendo al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Servicio Nacional de Seguridad Animal (SENASA), el organismo responsable de autorizar la comercialización de agroquímicos. La medida ha sido vista como un grave atropello hacia los productores y un atentado contra la democracia y los derechos de los agricultores a utilizar sus tierras y producir alimentos.
Paralelamente, un «biocida» fue distribuido gratuitamente por el gobierno en diversas instituciones, violando la ley provincial de fitosanitarios que establece que solo el SENASA puede autorizar la comercialización de estos productos. Al distribuirlo sin costo, el gobierno evita técnicamente la prohibición de comercialización, creando un vacío legal. Este biocida, que afirma ser un herbicida de contacto, no ha demostrado ser efectivo y podría aumentar la carga de agroquímicos en el suelo, afectando negativamente al medio ambiente y a los seres vivos.
Este producto, que pretende sustituir al glifosato, carece de estudios científicos serios y pruebas de campo, y su distribución sin registro ante el SENASA lo convierte en un producto técnicamente ilegal. Además, la aplicación del biocida ha perjudicado a los productores, especialmente a los cultivadores de té que exportan a Estados Unidos, ya que el biocida no cuenta con las certificaciones necesarias.
Económicamente, la prohibición del glifosato incrementará significativamente los costos de mantenimiento de malezas, afectando la viabilidad de las actividades agrícolas, especialmente para los pequeños productores. Estos manifiestan que no se oponen a los bioinsumos, pero exigen que los reemplazos tengan estudios técnicos que respalden su eficacia.
La Asamblea de Productores exige al gobierno provincial una prórroga en la implementación de la ley hasta que se realicen los estudios científicos necesarios y se cuente con alternativas viables y efectivas. De no ser así, la ley podría causar un daño comercial significativo y ser vista como un ataque directo a los productores, quienes sienten que están siendo utilizados como sujetos de experimentación por parte del gobierno provincial.
Lo que se planteo en la convocatoria
Se reitera la gravedad del hecho de que ni al (INTA) fue consultado, quizás la organización que más respeto cuenta a nivel nacional e internacional. ¿Que piensa el INTA sobre este tema? El silencio del INTA es preocupante y un dirigente indicó “Al INTA no entro consulta al respecto”, ya sea estatal o algún privado particular que haya opinado. Por algún aspecto, ningún organismo acreditado ha actuado “de oficio” a sabiendas que fue ampliamente difundida la situación de de la prohibición del glifosato y la irrupción del biocida, aun haya tomado estado público y muy difundidos en medios especializados.
Se estima que de entrar en vigencia la ley, ocasionará un gran daño comercial, y fue un gran error básicamente por falta de conocimiento dentro de la cámara de diputados. No deben eliminar el glifosato hasta que haya una alternativa.
Finalmente, la ley establece elevadas multas al agricultor por uso de glifosato o que genera montos que ningún productor podría pagar. ¿Qué pasa cuando un deudor no puede saldar una deuda? ¿Quien pretende quedarse con las tierras del productor? La gran incertidumbre que parece tener a un pequeño gran común denominador.