Avanza la etapa investigativa y de recopilación de testimonios que apuntan contra Hesmael A., el chofer escolar municipal de Puerto Mado acusado de abusar sexualmente de menores de edad y adolescentes con discapacidad en reiteradas oportunidades. Hasta el 1° de noviembre declararon en el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado dos de las denunciantes. Esta semana se presentan, en diferentes días, el resto de ellas -en total son siete las madres de las presuntas víctimas del trabajador de transporte aunque no descartan que podría haber más personas afectadas-.
Respecto a la etapa de instrucción, se pudo saber que la semana siguiente se presentará una de las docentes de la Escuela Especial, que fue la primera persona adulta en tomar conocimiento de las situaciones aterradoras que relataron las niñas que habrían vivido a bordo de la combi escolar.
Sobre las denuncias
Los casos de abuso se conocieron en la escuela, cuando una de las niñas le confió a su profesora que tanto ella como varias de sus compañeras sufrieron manoseos en más de una ocasión en el transporte que las llevaba a la institución. Graciela relató que “al enterarme de que mi nena era una de ellas, me quedé en shock, no sabía qué hacer o con quién hablar, porque no tenemos familiares en el pueblo”.
Señaló que, si bien su hija aún no contó personalmente padecer de abusos, sus compañeras reconocieron que también fue víctima de esos tratos por parte del hombre mayor. “Mi niña empezó un tratamiento psicológico, para acompañarla en este proceso, y por el momento ella niega o no reconoce haber sufrido abuso, pero las otras tres chicas indicaron que también fue víctima”, explicó. Se trata de menores con discapacidad de entre 11 y 16 años, y una joven de 18.
Conocedoras de la situación, las tutoras se presentaron en la comisaría el pasado 18 de octubre para ampliar la denuncia. Y se decidió, según relató Graciela, que “nos presentaremos como querellantes, vamos a exigir justicia por lo que pasó”, aseveró.
Por su parte, Edith D., mamá de otra de las víctimas, relató que «cuando Hesmael llevaba sola a mi hija en el transporte, la tocaba en sus partes íntimas, y hacía que ella también lo tocara». Según pudo contar la progenitora, las situaciones abusivas eran frecuentes, con regalos y gestos de por medio, que el hombre utilizaba para chantajear a la menor de que no contara lo que sucedía.
«Le decía que la mataría si contaba algo», agregó con preocupación la madre, refiriéndose a las recurrentes amenazas que la menor confesó que recibía por parte del imputado. «Mi hija está muy afectada, aún no está bien, y la familia tampoco. Pero no vamos a bajar los brazos», sostuvo. Al tiempo que exigió que «se haga justicia y que Hesmael no salga en libertad. Pero para eso necesitamos apoyo de la comunidad, porque a cualquier chico pudo pasarle esto».
Habría más denuncias
Rossana Franco detalló a este diario que “se está trabajando con las pruebas y hay denuncias nuevas” contra el chofer de Mado. Ya había anticipado que “la justicia está citando a las personas que hicieron las denuncias”. Por lo que desde la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes requerirán las Cámaras Gesell con la mayor celeridad posible.
Respecto al estado físico y emocional de las niñas que confesaron los abusos, reconoció que están bajo contención y asistencia del equipo de Niñez y familia municipal de Colonia Delicia. Cabe recordar que muchas de ellas iniciaron tratamientos psicológicos tras revelar lo que padecían en los recorridos de camino a la escuela.
En la misma línea, Franco señaló que, en la reunión que se mantuvo este miércoles con las madres y los directivos de la Escuela Especial 59 a la que asisten las víctimas, “pedimos que el acompañamiento se extienda a las mamás, que fueron el sostén en este momento”. Si bien “este proceso doloroso recién comienza”, valoró, será menester que todo el núcleo familiar reciba acompañamiento psicológico y judicial para atravesar el proceso.
Por otro lado, el estado provincial puso a disposición de las niñas y adolescentes la Pensión Graciable de Asistencia a Menores Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Se trata de una ayuda económica que equivale al 70% de un salario mínimo, vital y móvil y está comprendida dentro de la Ley XIX N.º 51. De acuerdo a la legislación vigente, las víctimas podrán recibir este monto mensual hasta cumplir los 18 años.