La Fundación Procurar (Protección a los Consumidores y Usuarios de la República Argentina – Asociación Civil), a través de su presidente, Enrique Millán, enviará notificaciones al gobernador Oscar Herrera Ahuad y su par de Chaco, Jorge Capitanich, sobre las denuncias que efectuó con motivo de la situación que atraviesa la vigente concesión a Hidrovía S.A de la administración de la hidrovía Paraná – Paraguay.
Recientemente, el presidente Alberto Fernández manifestó públicamente su deseo de que la administración de la hidrovía sea transferida a las provincias limítrofes. Es por esta razón, que Procurar “se ve obligado a informar” a los gobernadores de las provincias de Misiones y de Chaco sobre la situación actual de la concesión otorgada por el Estado Nacional, hace más de 25 años, a Hidrovía S.A.
Hace poco menos de un mes, en esta misma línea, Procurar envió sendas cartas al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti y su colega de Entre Ríos, Gustavo Bordet.
En julio de 2019, Procurar interpuso ante el ex presidente Mauricio Macri una denuncia de “ilegitimidad” a través de la cual se requería la declaración de nulidad del Decreto 113/2010. Esa norma fue la que admitió la prórroga de la concesión. Sin embargo, según la entidad de Consumidores y Usuarios “está viciado de nulidad absoluta debido a que el propio Gabriel Romero –por 25 años titular de Emepa S.A.- reconoció en la ´Causa Cuadernos´ haber pagado sobornos para lograr la extensión del contrato”. Asimismo, la Fundación realizó la denuncia correspondiente ante el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, solicitando que tanto Emepa como su socio –la belga Jan De Nul- fueran excluidos de la explotación de ese corredor hídrico, el más grande de la Argentina.
Desde Procurar observaron que ni el ex Presidente ni el ex Ministro dieron respuestas de ningún tipo.
“Si bien son múltiples las irregularidades que se han informado en el último tiempo sobre la administración del corredor hídrico, hay dos temas centrales. Uno es el pago en 2010 de 600 mil dólares no declarados a funcionarios de aquel entonces, para lograr una extensión en la explotación de la hidrovía”, remarcaron. Este hecho fue el detonante para que Procurar considerara necesaria la intervención de oficio por parte del Estado Nacional e interrumpa de manera unilateral la explotación en manos de Jan de Nul y Emepa.
Asimismo, el precio actual del peaje es de más de tres dólares por tonelada, y según diferentes estudios, es entre el 30 y el 50 por ciento más de lo que debería ser.
“Luego de las declaraciones del Presidente de la Nación, consideramos que es nuestro deber, en cumplimiento de los objetivos por los cuales fue creada nuestra fundación, informar, con la mayor celeridad posible, a los mandatarios de las provincias implicadas sobre las diferentes situaciones irregulares que atravesaron la administración de una concesión vital para el comercio y desarrollo de la región”, destacó Millán.