Decidido a avanzar antes de que se le escurra el caudal político que le dieron los votos del balotaje, Javier Milei se convirtió en el presidente que más decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictó en sus tres primeras semanas de gobierno: 7 en total. Aunque en realidad, el último – el polémico 70/2023 que entró en vigencia el viernes – tiene 366 artículos que buscan desregular por completo la economía y abarcan una enorme diversidad de temas y normas que podrían haber sido modificadas por múltiples decretos.
Esos 7 DNU superan los 6 firmados por Mauricio Macri y Eduardo Duhalde, y los 5 dictados por Alberto Fernández, Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa en sus primeros 21 días, según el análisis realizado por Infobae de este tipo de normas. Cristina Kirchner, en tanto, no dictó ningún DNU en el arranque de su primer mandato y sólo emitió 2 en las tres primeras semanas del segundo.
Carlos Menem, en tanto, sólo dictó una norma de este tipo en las primeras 3 semanas de su segundo período al frente de la Casa Rosada, iniciado en 1995, luego de la reforma constitucional del año anterior en la que se limitaron los DNU. Lo mismo había ocurrido en 1989, en el comienzo de su primera presidencia.
Los decretos de necesidad y urgencia son una herramienta incorporada en la reforma de la Constitución de 1994, tras el pacto de Raúl Alfonsín y Menem, y tuvieron como objetivo establecer un límite sobre la facultad de los jefes de Estado de legislar por decreto. En su artículo 99, inciso 3, el texto constitucional dispone que el Poder Ejecutivo “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Solo podrá hacerlo “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
En ese caso, luego de emitido con las firmas de sus ministros y el jefe de Gabinete, este último deberá, dentro de los diez días, someterlo a consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Este cuerpo, en un plazo de diez días, tendrá que elevar un dictamen de aprobación o rechazo al plenario de cada Cámara para su tratamiento, que sólo podrán rechazarlo o aprobarlo. Si no lo tratan o mientras dure el trámite, el decreto sigue vigente. Si la Bicameral no se reúne, pasados diez días desde el envío por el jefe de Gabinete, las Cámaras podrían tratarlo directamente en el recinto. Si no lo tratan, o solo lo rechaza una sola, el DNU continúa siendo válido.
Esto es así porque por la ley reglamentaria Nro 26.122, promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner y sancionada en 2006 en el gobierno de su marido, sólo pueden ser declarados nulos con el rechazo expreso de la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras del Congreso. De hecho, fue algo que en la historia política desde 1994 nunca sucedió, lo que le permite a los mandatarios “blindar” decisiones que deberían pasar por el Congreso. El Parlamento no tiene plazo para considerarlos.
Este complejo recorrido político legislativo genera que, en la práctica, los presidentes sí puedan legislar sobre los temas no vedados en la Constitución. Esta es la “ventana legal” que uso Milei para sortear su inferioridad numérica en el Congreso. Aunque hay otra vía por la que podría quedar en suspenso o no aplicarse: una resolución judicial. De hecho, ya hay una treintena de presentaciones en distintos fueros. La última la hizo el viernes el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, ante la Corte Suprema para pedir su inconstitucionalidad.
Los DNU de Milei
En el mega DNU publicado el 21 de diciembre en el Boletín Oficial, Milei buscó abarcar una enorme variedad de temas para desregular la economía que implicó la derogación o modificación de 366 medidas. La amplitud del decreto no tuvo parangón en las presidencias anteriores. Según su enunciado, buscó “aprobar las Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, para lo cual se declara la “emergencia pública, emergencia financiera, emergencia económica, emergencia previsional, emergencia sanitaria, emergencia administrativa, emergencias sociales, emergencia fiscal y la emergencia tarifaria”.
Pero no fue el primer DNU de su gestión. El del debut fue publicado el mismo domingo 10 de diciembre y es el que redujo los ministerios de 18 a 9 y creó dos como “súper ministerios”: Capital Humano e Infraestructura. Fue firmado por Milei, Nicolás Posse – designado jefe de Gabinete-, y los ministros de las carteras que sobrevivieron: Guillermo Francos, Luis Caputo, Mario Russo, Patricia Bullrich, Luis Petri y Diana Mondino.
Dos días después dictó el segundo, que modificó la ley 18.777 que establecía el límite de los 60 años para asumir como Procurador del Tesoro y poder así nombrar a Rodolfo Barra, ex miembro de la Corte y ex ministro de Justicia. Sorteó así un impedimento legal para tener a su lado a un avezado jurista y conocedor de los vericuetos del Estado, desoyendo los cuestionamientos por su simpatía juvenil con la ideología nazi.
El mismo 12 de diciembre, dictó un tercer DNU que extendió la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por un plazo de dos años o hasta que cesen los motivos que dieron lugar a la medida. El organismo pasó a estar bajo el mando de Silvestre Sívori, un abogado que venía trabajando desde hace tiempo junto a Posse. El texto establece que deberá elaborar un plan de readecuación de la AFI ajustando su labor a las tareas de inteligencia y contrainteligencia previstas en la Ley N° 25.520; revisar la administración de fondos reservados y de compras y contrataciones, pasar a disponibilidad al personal que estime conveniente y disponer la jubilación extraordinaria de aquellos agentes que hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios.
A través de un cuarto DNU, Milei dispuso elevó el dólar para exportadores a $860, como parte del paquete de medidas económicas anunciadas el 12 de diciembre por el titular del Palacio de Hacienda, y modificó la forma de liquidar las divisas en el Mercado Libre de Cambios.
En un quinto DNU emitido el sábado 16 de diciembre, el Presidente – con la firma de sus 9 ministros – decretó la “emergencia del sector energético nacional”, la continuidad de la intervención de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), así como la revisión tarifaria.
Ese mismo día, Milei dictó un sexto DNU para la emisión de instrumentos de deuda pública por hasta $2 billones para afrontar compromisos que se realicen en 2023 pero con vencimiento en el curso del año próximo, además de incrementar en $1 billón el monto autorizado en la ley de Presupuesto para operaciones con un plazo mínimo de amortización de 90 días.