En el fallo, la jueza había determinó que el Gobierno argentino debió haber realizado en 2012 una oferta pública a todos los accionistas de YPF y no solamente a Repsol, que tenía la mayoría del paquete.
Preska había fallado contra Argentina en marzo, pero no había definido el monto de la indemnización. La magistrada que en ese momento no puso una cifra exacta, ahora determinó que la cifra a pagar suma 16 mil millones. Dato a remarcar es que ya en esa anterior instancia, Preska había desligado a YPF como activo demandado.
En el fallo, la jueza había determinó que el Gobierno argentino debió haber realizado en 2012 una oferta pública a todo.
En el fallo, la jueza había determinó que el Gobierno argentino debió haber realizado en 2012 una oferta pública a todos los accionistas de YPF y no solamente a Repsol, que tenía la mayoría del paquete.
Burford sostenía que la indemnización debía pagarse en base al precio de las acciones el 16 de abril de 2012, cuando Cristina Kirchner y Axel Kicillof tomaron el control de YPF (unos 8.300 millones de dólares).
Ante este fallo el Gobierno alegó que en ese caso la fecha de corte para la tasación debía ser el 7 de mayo de 2012, cuando se aprobó la expropiación. Para ese momento el precio de la acción había caído un 25 por ciento, por lo que la indemnización debía estar en torno a 5 mil millones. Pero además Argentina le había pedido a Preska no pagar intereses retroactivos a Burford, que reclamaba un 8% anual.
Sin embargo la estrategía desplegada, sin éxito, por la defensa argentina durante el juicio se basó en demostrar la vigencia del vínculo societario entre el Fondo Burford y el Grupo Petersen para inhabilitar el proceso.
El fondo buitre Burford compró el derecho a litigar contra Argentina a Petersen Energía, una empresa creada por los Eskenazi que se fue a la quiebra en España. El fondo inglés pagó para quedarse con el juicio por USD 17 millones con el deber de participar un 30% de la indemnización.
Lo que llamó al atención de la defensa argentina, fue que en el balance anual de Burford correspondiente al año 2015, el Fondo informó a sus accionistas: «Burford tiene derecho al 70% de la recuperación en el caso de Petersen». La pregunta quienes son los destinatarios finales de ese 30% restante. La hipotesis del equipo jurídico de la empresa y la Procuración General de La Nación sostuvieron ante el tribunal es que los dueños de Petersen, Sebastían y Matías Eskenazi, están detrás del reclamo y van a cobrar parte de la indemnización.
A su vez, Burford se fue desprendiendo de parte de su porcentaje. En su balance anual de 2016 se informa ventas totales por el 1% de la participación en las ganancias del juicio. A comienzos de 2017 cerraron otra transacción con «inversores institucionales» y en total terminaron vendiendo el derecho a quedarse con el 25% de las ganancias. En junio de 2018, Burford se desprendió de otro 3,75% y en junio de 2019 vendió un 10% adicional. Así llegó a ceder el 38,75% de lo determinado en el fallo judicial. Sin contar la sentencia de USD 16.000 millones, Con estas operaciones, Burford obtuviero ganancias por USD 1000 millones que multiplicaron exponencialmente la inversión inicial, de USD 17 millones.
Como sea la jueza le otorgó la razón al fondo: la cotización de las acciones debe tomarse el 16 de abril y Argentina debe pagar un interés retroactivo del 8% anual. En el gobierno estiman en unos 7 mil millones de dólares extra.
El monto que deberá pagar Argentina está muy por encima del valor bursátil de YPF, estimado en alrededor de 12 mil millones de dólares.
El gobierno argentino anunció que apelará de inmediato esta decisión, pero los antecedentes en la justicia estadounidense son pésimos y la esperanza estaba puesta en Preska.