La transición no siempre fue fluida para todos y el Tribunal confirmó sanciones económicas para 25 jefes comunales que deberán revisar sus rendiciones y completar.
El Tribunal de Cuentas de Misiones confirmó sanciones económicas para 25 jefes comunales que no cumplieron con rendiciones o plazos de presentación. La presidenta del organismo, Fabiola Bianco, definió como un “trámite de rigor”, al sostener que la responsabilidad “principalísima” de los intendentes es informar el destino de cada peso, con entregas trimestrales y una rendición anual que tiene como fecha límite el 31 de mayo.
Lo que comenzó como una respuesta de emergencia durante la pandemia en 2020, hoy se consolidó como un estándar de control ineludible: la rendición de cuentas digital. La transición no siempre fue fluida para todos y el Tribunal confirmó sanciones económicas para 25 jefes comunales que deberán revisar sus rendiciones y completar.
Uno de los datos más reveladores de la jornada fue la desmitificación de las dificultades técnicas en localidades pequeñas. “A veces un municipio grande es menos cumplidor que uno pequeño”, sentenció Bianco, subrayando que las herramientas actuales permiten gestionar la documentación incluso desde un dispositivo móvil.
Para el Tribunal, las demoras actuales responden más a fallas en la cadena administrativa municipal que a la falta de recursos tecnológicos.
Detalló que la digitalización no solo busca sancionar, sino agilizar. El ejercicio 2024, que se rinde en este 2025, marca el primer hito de rendiciones anuales 100% digitales, garantizando una trazabilidad absoluta de las operaciones financieras del Estado.
Capacitaciones
Para evitar que la lista de sancionados crezca, el Tribunal iniciará un cronograma de capacitaciones presenciales. De esta manera el cronograma prevé para el 4 de marzo en Posadas; el 11 de marzo en Puerto Rico y el 18 de marzo en San Vicente
En estas jornadas, se facilitará la firma digital a los responsables de los Concejos Deliberantes, piezas clave en el engranaje de control que busca blindar los recursos públicos en tiempos donde, según la funcionaria, la eficiencia administrativa es más vital que nunca.