Un operativo policial realizado este miércoles en zonas rurales de Guaraní, en el marco de la investigación por la desaparición de más de veinte perros, concluyó sin resultados positivos. Los procedimientos incluyeron rastrillajes, uso de drones y excavaciones en dos chacras señaladas por denunciantes, pero no se encontraron indicios de maltrato animal ni enterramientos.
La intervención fue ordenada por la Justicia tras denuncias presentadas por asociaciones proteccionistas y estuvo a cargo de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones. Según el comunicado oficial, los allanamientos se realizaron con autorización de los propietarios de los predios inspeccionados.
Las actuaciones se originaron a partir de presentaciones realizadas por integrantes de las asociaciones “Patitas Felices” y “Huellitas del Monte”, quienes aportaron posibles ubicaciones donde podrían encontrarse animales en condiciones irregulares. Durante el despliegue, se realizó un relevamiento aéreo con drones para ampliar el campo de observación, mientras que en tierra se efectuaron recorridas y excavaciones en sectores específicos previamente señalados.
Tras varias horas de trabajo, las autoridades informaron que no se detectaron elementos compatibles con enterramientos ni situaciones que evidencien maltrato animal, por lo que el operativo finalizó sin novedades.
La investigación se enmarca en una causa que busca determinar el destino de unos 23 perros que fueron retirados semanas atrás de una vivienda en Guaraní, tras la muerte de su propietaria. El caso derivó en denuncias por presunto maltrato y mantiene abierta una investigación judicial que tiene en el centro de la polémica al intendente Miguel Ángel Vargas, luego de la difusión de un audio en el que hacía referencia a llevar a los perros “bien lejos”.
El jefe comunal declaró como testigo sospechoso en la causa y sostuvo que los animales fueron dados en adopción, una versión que la Justicia intenta corroborar.
Uno de los operativos se llevó adelante en el lote 116, a unos 3,5 kilómetros del casco urbano, mientras que el otro se concretó en el lote 184, a aproximadamente 6 kilómetros del pueblo. En ambos casos, se trata de zonas de chacras.
Del procedimiento participaron distintas dependencias policiales, entre ellas Bomberos, Criminalística, Investigaciones y Cibercrimen, además de un médico veterinario y representantes de organizaciones proteccionistas.