Mañana lunes puede ser un día caótico en Eldorado. Y no solo porque se retoman las actividades tras el receso invernal, sino porque cientos de estudiantes de todos los niveles, empleados públicos y privados, y vecinos en general, enfrentan una pregunta tan simple como angustiante: ¿cómo llegarán a sus escuelas y lugares de trabajo si el servicio de transporte urbano ha sido recortado a la mitad?
Durante las vacaciones, ya fue evidente que el servicio de la empresa Kenia —que opera en la ciudad en condición de monopolio— no estuvo a la altura de la demanda. Líneas suprimidas, frecuencias reducidas y barrios completos desconectados del circuito urbano. Pero si esto ocurrió con las calles semivacías, ¿qué sucederá ahora que regresan las clases, que se reanudan las obligaciones laborales y que la ciudad vuelve a su ritmo habitual?
Las señales no son alentadoras. Ya el viernes pasado, usuarios denunciaron que no pudieron llegar a sus trabajos por falta de colectivos. Mañana, con el reinicio del ciclo escolar, se espera un colapso. Vehículos llenos, personas varadas, pérdidas de presentismo, de horas cátedra y un costo económico y emocional que, como siempre, recae sobre la gente común.
Y mientras tanto, ¿dónde están las autoridades? La seguridad ciudadana?
El Concejo Deliberante está ausente. La comisión de transporte, de vacaciones. El presidente del cuerpo, sin aparecer. Nadie al frente. Nadie dando explicaciones. Nadie ofreciendo un plan de contingencia. Nadie escuchando el reclamo ciudadano que se viene expresando desde hace meses.
¿Qué propuestas ha elevado el responsable del área de Transporte? ¿Se están gestionando soluciones reales o solo se acompaña, en silencio, a una empresa que ni siquiera cumple los mínimos compromisos con la comunidad? Porque mientras los usuarios de Eldorado caminan bajo la lluvia o el sol por falta de colectivos, la misma empresa Kenia celebra públicamente la adjudicación de nuevas licitaciones en otras provincias, exhibiendo unidades 0 km que jamás veremos en nuestras calles.
Lo indignante no es solo la precariedad del servicio, sino la impunidad con la que se lo sostiene. Y peor aún, la desconexión total entre los representantes del pueblo y las verdaderas necesidades de la población. El transporte público es un derecho, no un negocio sin control. Es una herramienta de inclusión, de acceso a la educación, al trabajo, a la salud.
Este lunes puede marcar un punto de quiebre. Porque si quienes gobiernan no dan respuestas, el pueblo comenzará a dárselas a sí mismo. Ya hay vecinos convocando a cortar calles, a manifestarse, a exigir. No es una amenaza. Es el síntoma inevitable de una ciudad cansada de la indiferencia.
Y la gran pregunta sigue abierta: ¿a qué intereses responde el poder político cuando calla frente al sufrimiento de su gente?