El intendente de Puerto Esperanza, Horacio Zarza, dispuso que toda compra o contratación realizada por el Concejo Deliberante deba canalizarse a través de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio. La medida fue establecida mediante la Resolución N° 04 y el Decreto N° 06, con el objetivo de controlar los gastos del cuerpo legislativo y garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.
Para el presente año, el presupuesto asignado al Concejo Deliberante asciende a 460 millones de pesos.
El jefe comunal cuestionó el uso de esos recursos y señaló que se detectaron gastos que, según su criterio, no se ajustan a las funciones del órgano legislativo. En ese sentido, sostuvo que parte del presupuesto se destina a consumos que no representan una asistencia directa a los vecinos, en un contexto que definió como de austeridad.
Zarza afirmó además que el Concejo Deliberante estaría desarrollando acciones que exceden sus atribuciones, al implementar mecanismos de asistencia social sin los controles correspondientes. Indicó que, para otorgar ayudas, se deberían realizar evaluaciones socioeconómicas previas que permitan determinar las necesidades reales de los beneficiarios.
Asimismo, expresó su preocupación por lo que describió como una superposición de funciones, al considerar que el municipio ya cuenta con áreas específicas destinadas a la atención social. Según explicó, esta situación podría derivar en un uso ineficiente de los recursos públicos.
El intendente también recordó que el año pasado se limitaron contrataciones en el ámbito legislativo que superaban las partidas presupuestarias destinadas a salarios, evitando modificaciones en el presupuesto vigente.
En relación con los gastos, señaló que actualmente el Concejo Deliberante tendría una estructura de personal superior a la del Ejecutivo en proporción a la población, y mencionó incrementos significativos en viáticos. Indicó que estos gastos deben ser autorizados por el Ejecutivo, ya que se imputan al presupuesto del cuerpo legislativo.
Por otra parte, advirtió sobre el impacto de la baja recaudación municipal frente a un aumento en los gastos. Como ejemplo, mencionó diferencias en los montos destinados a la asistencia alimentaria entre el Ejecutivo y el Concejo, lo que —según afirmó— genera dificultades al momento de afrontar los pagos.
Finalmente, Zarza remarcó la necesidad de optimizar los recursos públicos y reforzar los mecanismos de control del gasto, en un contexto económico que exige priorizar la atención de las necesidades más urgentes de la población.